La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó el 31 de julio de 2026 que organizaciones vinculadas con el comercio ambulante cobran a vendedores por permitirles trabajar en distintos puntos de la demarcación. También sostuvo que algunas de esas estructuras tienen vínculos con Morena, una acusación que planteó al cuestionar la falta de acciones coordinadas para reordenar el espacio público.
Rojo de la Vega señaló que el problema no son las personas que salen a vender para obtener ingresos, sino los grupos que, según su denuncia, les cobran sin ofrecer seguridad, formalidad ni protección. Entre las zonas que mencionó están el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, la Alameda Central, avenida Insurgentes y Eje Central.
La edil también cuestionó al Gobierno de la Ciudad de México por no acompañar, dijo, los operativos y mesas de trabajo destinados a ordenar el comercio en vía pública. Añadió que su administración recibe quejas constantes por la obstrucción de banquetas y que ha intentado liberar calles y retirar objetos usados para apartar lugares.
Operativos y conflicto por el espacio público
La alcaldía ha realizado acciones contra puestos informales y personas que apartan lugares en la vía pública. En junio, la administración informó sobre la remisión de 35 franeleros ante el Juzgado Cívico por cobrar de manera indebida por espacios de estacionamiento.
El conflicto también ha derivado en enfrentamientos. El 16 de junio, un operativo en la calle Génova, en la Zona Rosa, terminó con agresiones contra personal de la demarcación; meses antes, el 13 de febrero, se registró un episodio similar durante una acción en avenida Ribera de San Cosme.
La alcaldesa ha relacionado públicamente estos conflictos con grupos de comerciantes organizados y ha señalado a la diputada local Diana Sánchez Barrios. Las acusaciones forman parte de una disputa política y administrativa sobre el control, la regulación y el uso de las calles en la zona centro de la capital.
Hasta el momento, la denuncia descrita corresponde a los señalamientos de la alcaldesa sobre presuntos cobros y vínculos políticos. La disputa mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad de las autoridades capitalinas y de la alcaldía en el reordenamiento del comercio ambulante.
