La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció este lunes 5 de octubre de 2026 a favor de garantizar el derecho a una muerte digna y planteó que una eventual regulación de la eutanasia en México debe contar con altos estándares de seguridad jurídica y protección de derechos.
El organismo sostuvo que las personas con enfermedades graves, irreversibles o terminales no pierden sus derechos por su condición de salud, edad, discapacidad o necesidad de apoyo para realizar actividades cotidianas. Por ello, consideró que el debate debe centrarse en la dignidad, la autonomía y el acceso a servicios de salud adecuados.
La CNDH pide proteger la vida y la muerte dignas
La comisión señaló que la discusión sobre muerte digna, eutanasia o asistencia médica para morir no debe limitarse a una confrontación entre la defensa de la vida y la libertad individual. También debe incluir el acceso a cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, el consentimiento informado, la voluntad anticipada y los límites de la intervención médica.
La CNDH aclaró que garantizar una muerte digna no equivale a establecer un derecho al suicidio. En su planteamiento, el Estado debe crear condiciones para que las personas tomen decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y el proceso final de su existencia.
El organismo también consideró que iniciativas como la Ley Trasciende representan una oportunidad para ampliar la autonomía de las personas al final de la vida y avanzar hacia una política de salud más humana y centrada en cada paciente.
Regulación debería incluir controles y garantías
De acuerdo con la CNDH, cualquier regulación sobre decisiones irreversibles al final de la vida tendría que contemplar información completa, valoraciones médicas, capacidad para comprender la decisión, ausencia de coerción y la posibilidad de reconsiderarla.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer mecanismos para identificar posibles casos de violencia, presiones familiares o intereses patrimoniales, además de controles institucionales claros que permitan proteger la voluntad de la persona.
La comisión subrayó que las condiciones de pobreza, soledad, dependencia o discriminación no deben limitar la autonomía de quienes enfrentan enfermedades incurables. Por el contrario, afirmó que el Estado tiene la obligación de atender esas carencias antes de evaluar cualquier decisión relacionada con el final de la vida.
La deliberación, añadió, debe incluir a profesionales de la salud, especialistas en bioética, personas enfermas, familiares y cuidadores, así como personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente discusión legislativa y social sobre la Ley Trasciende, iniciativa que busca regular la eutanasia y reforzar el reconocimiento del derecho a una muerte digna en México. La CNDH sostuvo que cualquier avance debe garantizar que nadie sea obligado a sufrir por falta de atención médica ni privado de participar en las decisiones más importantes sobre su propia vida.
