Estados Unidos impuso este viernes 9 de octubre de 2026 nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del tribunal, recibiera el Premio Nobel de la Paz. La decisión generó rechazo de organismos internacionales y de varios países, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó la medida.
Las sanciones buscan restringir las operaciones de la CPI mediante el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense, así como de transacciones con instituciones y empresas de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump sostiene que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense y cuestiona su jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos y países aliados.
La medida profundiza una confrontación que comenzó con sanciones contra jueces, fiscales y otros funcionarios vinculados con investigaciones de la Corte. Washington ha criticado especialmente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra Netanyahu y el entonces ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.
La CPI rechazó firmemente las sanciones y advirtió que constituyen un ataque contra el Estado de derecho y contra el orden jurídico internacional. El tribunal afirmó que continuará ejerciendo su mandato con independencia e imparcialidad, con base en la ley y las pruebas disponibles.
La Organización de las Naciones Unidas también expresó preocupación por el posible impacto de las medidas en la capacidad de la Corte para cumplir sus funciones, incluidos los casos remitidos por el Consejo de Seguridad y los países que forman parte del Estatuto de Roma. Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido manifestaron su desacuerdo con las sanciones, mientras que la Comisión Europea dijo estar dispuesta a respaldar el trabajo del tribunal.
Estados Unidos e Israel no son miembros de la CPI, pero el tribunal sostiene que tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de Estados parte, entre ellos Palestina y Afganistán. La Corte investiga genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión cuando cuenta con competencia conforme al Estatuto de Roma.
El anuncio coincidió con la concesión del Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. La jurista sudafricana fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008, además de ocupar el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y participar en otros tribunales internacionales.
La coincidencia entre ambos anuncios elevó la tensión diplomática alrededor del futuro de la justicia penal internacional y de la capacidad de la CPI para investigar presuntos crímenes graves sin interferencias políticas.
