El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Alertistas advirtieron que la aplicación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) enfrenta graves retrocesos en México, debido a la falta de seguimiento institucional, la suspensión de sesiones y el retraso de evaluaciones relacionadas con las 26 alertas vigentes en 24 estados.
Las organizaciones señalaron que durante 2026 se asignaron poco más de 131 millones de pesos para acciones vinculadas con las alertas, pero cuestionaron que no se hayan reactivado los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios (GIM), encargados de dar seguimiento a las medidas en las entidades.
Organizaciones cuestionan el seguimiento institucional
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, señaló que existen procedimientos detenidos en entidades como Puebla, Nuevo León y Aguascalientes. Los casos mencionados están relacionados con solicitudes por desaparición de mujeres, informes sobre desaparición y agravios comparados en materia de aborto.
La Red Nacional de Alertistas sostuvo que las AVGM no deben permanecer únicamente como mecanismos formales. La agrupación pidió que las alertas se traduzcan en acciones verificables para proteger la vida y la seguridad de las mujeres.
Organizaciones que han denunciado problemas similares también han señalado la falta de reglas claras para supervisar el cumplimiento de las medidas y evaluar el impacto de los recursos. Entre sus demandas están la publicación de un reglamento actualizado, mayor transparencia y una revisión que considere resultados, no sólo la comprobación administrativa del gasto.
Recursos y feminicidios reportados
El presupuesto para las acciones relacionadas con las AVGM forma parte de un programa federal que también contempla medidas de prevención, atención, seguridad, procuración e impartición de justicia, reparación del daño y cambios legislativos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 315 feminicidios durante el primer semestre de 2026. En todo 2025 se contabilizaron 732 casos, de acuerdo con las cifras citadas por las organizaciones.
El OCNF y la Red Nacional de Alertistas exigieron reactivar los grupos de seguimiento, transparentar el ejercicio de los recursos, fortalecer la coordinación entre instituciones y establecer mecanismos de evaluación y sanción para las autoridades que incumplan las medidas de las alertas.
