Petróleos Mexicanos enfrenta un repunte de las pérdidas asociadas al robo de combustibles, mientras el huachicol tradicional y el contrabando fiscal se mantienen como las principales modalidades del ilícito en México. Durante el segundo trimestre de 2026, el robo físico de gasolinas y otros petrolíferos habría generado pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos, el monto más elevado para un segundo trimestre desde 2018.
El panorama se presenta pese al fortalecimiento de la colaboración entre Pemex, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. En 2025 se elaboraron mil 922 dictámenes de identificación, cuantificación y avalúo de hidrocarburos, un incremento de 32% frente al año anterior.
El huachicol fiscal gana relevancia
Además del robo directo en ductos y pipas, las autoridades identificaron una modalidad basada en la importación, el transporte y la comercialización de combustibles mediante documentación falsa, clasificaciones arancelarias incorrectas o simulación de operaciones. El objetivo de este esquema es evadir impuestos y regulaciones, incluido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Como parte de la estrategia contra esta práctica, durante 2025 se detectaron y aseguraron alrededor de 61 millones de litros de combustible. La cifra representó un incremento de 297% respecto de 2024, de acuerdo con los registros oficiales de seguridad pública.
Más denuncias, túneles y vigilancia tecnológica
En materia penal, se presentaron 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles actos de corrupción relacionados con servidores públicos, exservidores y empresas. También se interpusieron 5 mil 64 denuncias por robo de hidrocarburos, 850 por posesión ilícita y 14 por delincuencia organizada.
Durante el mismo periodo fueron localizados y desmantelados 55 túneles clandestinos. La vigilancia tecnológica también aumentó: la operación de drones pasó de 24 unidades en 2024 a 50 en 2025, con despliegues en instalaciones estratégicas, plataformas marinas y zonas cercanas a la red nacional de ductos.
Especialistas consultados señalaron que la estrategia enfrenta obstáculos como la filtración de información, la presencia del crimen organizado en zonas donde atraviesan los ductos y la falta de protección suficiente para trabajadores que participan en investigaciones o presentan denuncias. También consideraron necesario fortalecer la detección en tiempo real, las detenciones y la respuesta judicial.
El avance simultáneo del robo físico y del contrabando fiscal mantiene la presión sobre las finanzas de Pemex y sobre la recaudación pública. La efectividad de las medidas dependerá de que la coordinación institucional permita detectar las operaciones ilícitas, asegurar los combustibles y llevar a los responsables ante la justicia.
