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Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos contra juzgadores vinculados a la reforma judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos documentados contra magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo por actuaciones relacionadas con la reforma judicial. Del total, 75 servidores públicos ya cuentan con resoluciones firmes que representan 95 sanciones, mientras que otros 173 enfrentan investigaciones administrativas.

El balance corresponde al primer año de funciones del órgano disciplinario, que comenzó operaciones el 1 de septiembre de 2025. Los expedientes incluyen procedimientos contra juzgadores que admitieron amparos o concedieron suspensiones provisionales y definitivas durante el proceso legislativo de la reforma.

Uno de los casos más relevantes es el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos, quien comparecerá este jueves 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Disciplina Judicial. La audiencia está relacionada con el juicio de amparo 1251/2024, en el que tramitó como urgente la demanda y concedió suspensiones contra el proceso de reforma judicial.

El procedimiento contra Magaña López fue iniciado formalmente el 11 de marzo de 2026, a petición de la Secretaría de Gobernación. La exjueza sostiene que se le acusa por el sentido de sus resoluciones y que existen otros juzgadores que concedieron medidas similares sin enfrentar investigaciones.

También está el caso de José Antonio Lozano Batarse, juez de Distrito en retiro, quien enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa por admitir una demanda y conceder parcialmente una suspensión provisional en el amparo 1364/2024. Su primera audiencia se realizó el 25 de septiembre de 2026.

Las investigaciones no se limitan a la vía administrativa. El juez en retiro Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido enfrenta una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos contra la administración de justicia, mientras que Juan Gerardo Anguiano Silva enfrenta ocho procedimientos clasificados como graves por resoluciones emitidas durante su gestión en Michoacán.

El origen de varios expedientes está en las suspensiones concedidas durante 2024 para frenar etapas del proceso legislativo. En marzo de 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal revirtió, por cuatro votos contra tres, el criterio que consideraba que las medidas cautelares formaban parte del ámbito del criterio jurisdiccional y no debían revisarse por la vía administrativa.

Juzgadores en retiro y organizaciones del sector consideran que la acumulación de procedimientos puede afectar la independencia judicial. Para este 8 de octubre se prevé una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial en apoyo a Martha Eugenia Magaña López.

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