Veinticinco estados de Estados Unidos demandaron el lunes 3 de agosto de 2026 a la administración del presidente Donald Trump por los nuevos aranceles impuestos a decenas de socios comerciales, al considerar que representan un intento de sustituir gravámenes previamente anulados por la Suprema Corte.
La demanda fue presentada en medio de una nueva disputa sobre la autoridad presidencial para imponer impuestos a las importaciones. Los estados sostienen que el gobierno federal intenta recuperar ingresos mediante una política arancelaria distinta, después de que el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no autorizaba los gravámenes anteriores.
Estados cuestionan la nueva base legal
La administración Trump impuso durante julio aranceles de entre 10% y 12.5% a productos procedentes de 59 países y de la Unión Europea. El gobierno argumentó que esas economías no habían aplicado medidas suficientes para impedir la entrada de bienes elaborados mediante trabajo forzado.
Los nuevos gravámenes fueron establecidos con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite imponer aranceles u otras sanciones contra países considerados responsables de prácticas comerciales desleales. La medida entró en vigor cuando expiraron los aranceles temporales de 10% aplicados de manera general.
Nueva York encabeza la acción judicial. A ese estado se sumaron Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Argumentos de las partes
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó al gobierno de intentar aumentar nuevamente los costos para las familias y las empresas después de su derrota ante la Suprema Corte. Los estados consideran que la nueva estrategia carece de una justificación suficiente para aplicar medidas amplias contra múltiples economías.
La Casa Blanca defendió la legalidad de los aranceles. Su portavoz, Kush Desai, afirmó que Estados Unidos está utilizando sus facultades legales para combatir prácticas que afectan al comercio y a los trabajadores estadounidenses, incluida la falta de controles efectivos contra productos fabricados con trabajo forzado.
El gobierno también sostiene que la Sección 301 constituye una herramienta legalmente sólida y recuerda que fue utilizada durante el primer mandato de Trump para imponer aranceles a productos provenientes de China.
La disputa se suma a otros litigios
La demanda de los estados se suma a dos recursos presentados en julio por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional. Esos casos también cuestionan los aranceles establecidos bajo la Sección 301 y alegan que el gobierno no explicó de manera suficiente la situación particular de cada economía ni cómo las tarifas corregirían las prácticas señaladas.
La nueva batalla judicial mantiene bajo revisión la política arancelaria de la administración Trump y podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer gravámenes a las importaciones mediante distintas leyes comerciales.
