La Casa Blanca anunció una campaña para impulsar la contratación de veteranos como conductores de camiones de carga en Estados Unidos, en medio de una revisión que llevó a la cancelación y revocación de miles de licencias comerciales emitidas a inmigrantes.

La iniciativa, presentada por el Departamento de Transporte como parte de un esfuerzo interinstitucional, busca facilitar que exmilitares obtengan una licencia de conducir comercial (CDL) y entren en el sector del transporte de carga. Según la Associated Press, el programa —denominado “Freedom Haulers” en algunos comunicados— permitirá que veteranos que manejaron vehículos militares pesados omitan la prueba práctica en ciertos casos y que el GI Bill cubra la capacitación para la CDL.

Las autoridades han aplicado nuevas reglas de verificación y requisitos de idioma que, desde su implantación, han llevado a retirar a decenas de miles de conductores del servicio: Apache datos públicos reportan que alrededor de 26,000 conductores fueron retirados por no demostrar dominio del inglés y que cerca de 30,000 licencias fueron canceladas por haberse expedido de manera irregular.

El Departamento de Transporte también ha advertido sobre la posibilidad de retener fondos federales a estados que no cumplan con la revocación de licencias irregulares; California y Nueva York han sido mencionados entre los estados afectados y han recurrido a instancias judiciales para impugnar algunas medidas.

Contexto y cifras clave

• Aproximadamente 26,000 conductores fueron suspendidos por no demostrar dominio del inglés.
• Cerca de 30,000 licencias comerciales han sido anuladas por haberse expedido sin verificar correctamente el estatus migratorio.
• El programa facilita que veteranos que hayan conducido vehículos militares pesados (más de 2.5 toneladas) puedan omitir la prueba práctica de manejo en ciertos casos.
• El GI Bill podrá cubrir la formación para obtener la CDL y, en algunos casos, una ayuda para vivienda durante el entrenamiento.

El anuncio llega después de auditorías y operativos que detectaron licencias no domiciliadas que permanecieron válidas más allá del vencimiento de permisos de trabajo u obtenidas sin la verificación adecuada. Organizaciones del transporte han respaldado la búsqueda de conductores cualificados, mientras que grupos de derechos de inmigrantes han señalado que algunos condenados a perder su licencia habrían sido legalmente autorizados a trabajar.

Las medidas de la administración incluyen limitar las categorías de visas que podían acceder a licencias no domiciliadas y exigir que los exámenes se administren en inglés; esas restricciones ya enfrentan impugnaciones en tribunales.

Qué sigue: el Departamento de Transporte y otras agencias colaborarán con el Pentágono y el Departamento de Asuntos de Veteranos para promover la ocupación entre exmilitares y supervisar la implementación de la campaña. Mientras tanto, los recursos legales sobre la revocación masiva de licencias continuarán definiendo la rapidez y alcance del cambio en la fuerza laboral del transporte.