El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández enfrentará en libertad el proceso judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude, luego de que un juzgado ordinario le impusiera medidas cautelares durante una audiencia celebrada este lunes 3 de agosto de 2026 en Tegucigalpa.
Entre las medidas dictadas se encuentra la prohibición de salir del país. El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción rechazó la solicitud de la Fiscalía hondureña, que había pedido la detención del exmandatario en un centro penitenciario.
El caso será atendido por un juzgado ordinario
La resolución también estableció que el proceso será llevado por un tribunal ordinario y no por la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente. El cambio ocurrió después de que el magistrado designado para conocer la causa se declarara incompetente.
La defensa había presentado un recurso para mantener el expediente en el Supremo, pero la petición fue declarada sin lugar. Hernández acudió a la audiencia acompañado por familiares y bajo un dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.
Acusaciones por presunto desvío de recursos
La Fiscalía acusa al expresidente de presunto fraude y lavado de activos por el supuesto desvío de 288 millones de lempiras, equivalentes a alrededor de 10.7 millones de dólares, provenientes de fondos públicos. De acuerdo con la acusación, una parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar su campaña presidencial de 2013.
El expediente está relacionado con el caso conocido como Pandora II. La investigación sostiene que distintas organizaciones recibieron recursos públicos mediante convenios que las autoridades consideran irregulares y que parte del dinero habría sido canalizado hacia actividades políticas.
Regreso a Honduras
Hernández regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, después de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2022. En ese país fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, pero recibió un indulto presidencial el 1 de diciembre de 2025.
Con la decisión adoptada este lunes, el exmandatario continuará su defensa en libertad mientras avanza el proceso penal hondureño. Las medidas cautelares permanecerán vigentes conforme a lo determinado por el juzgado competente.
