Marruecos aseguró este lunes 3 de agosto de 2026 que alertó a España, días antes de la crisis migratoria en Ceuta, sobre los efectos que tendría una resolución del Tribunal Supremo español en la cooperación entre ambos países para gestionar los flujos migratorios.
La advertencia fue atribuida a una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, quien sostuvo que la gestión migratoria es una responsabilidad compartida y defendió la actuación de Rabat ante la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma española.
Durante un encuentro con agencias internacionales de prensa, la fuente afirmó que Marruecos asume sus responsabilidades y que su compromiso no responde a presiones, chantajes ni contraprestaciones políticas. También señaló que el gobierno marroquí está decepcionado por las reacciones de algunos políticos españoles, a quienes acusó de utilizar la crisis con fines electorales.
La resolución del Tribunal Supremo, emitida a comienzos de julio, estableció límites a las devoluciones inmediatas de personas migrantes interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla. El fallo determinó que en esos casos deben aplicarse los procedimientos previstos en la legislación española.
La decisión judicial se convirtió en uno de los elementos centrales del debate entre España y Marruecos. Autoridades españolas y fuentes de seguridad han señalado que la sentencia pudo ser interpretada de manera engañosa por redes criminales para alentar los cruces, aunque también han surgido señalamientos políticos sobre el papel de Marruecos en la crisis.
Madrid evitó formular una crítica directa contra Rabat por la llegada de más de 50 mil migrantes a Ceuta. Algunas interpretaciones sostienen que el flujo pudo utilizarse como mecanismo de presión diplomática, en un contexto marcado por los vínculos de España con Argelia, país rival de Marruecos.
La fuente marroquí rechazó esa lectura y aseguró que la coordinación con el gobierno español continúa siendo estrecha. Además, atribuyó parte de la crisis a la actividad de redes criminales y a la difusión de rumores relacionados con la resolución judicial.
La crisis provocó una fuerte presión sobre los servicios de recepción de Ceuta y generó preocupación por la situación de cientos de menores que permanecían en la ciudad después de los cruces. España y la Unión Europea mantienen el seguimiento de la situación, mientras los ministros del Interior de los países comunitarios fueron convocados a una videoconferencia para analizarla.
