Jessica Treviño, una mujer de Texas beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos después de ser deportada a México el 25 de marzo de 2026, pese a que su autorización estaba vigente hasta abril de 2027.
La petición fue presentada esta semana ante un tribunal federal en Brownsville. Su abogado, David Rozas, solicita que la expulsión sea declarada ilegal, que se facilite el regreso de Treviño a Estados Unidos y que se mantenga válido su estatus migratorio.
El permiso fue cancelado por un supuesto viaje no autorizado
De acuerdo con la demanda y con la información disponible sobre el caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos notificó a Treviño su intención de terminar su DACA por un “viaje no autorizado” ocurrido alrededor del 25 de marzo, la misma fecha en que fue deportada por el Departamento de Seguridad Nacional.
El abogado sostiene que la deportación no tenía fundamento legal porque Treviño contaba con un permiso vigente. Un juez de inmigración había emitido en febrero una orden de salida voluntaria mientras ella permanecía bajo custodia del ICE, pero la defensa argumenta que esa orden no permitía al DHS deportarla de manera automática.
Sus tres hijos permanecen en Estados Unidos
Treviño llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y obtuvo DACA a los 20. Actualmente vive en Matamoros, Tamaulipas, junto con su esposo, también deportado, mientras sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, permanecen con familiares en el sur de Texas.
La mujer declaró que lleva alrededor de siete meses separada de su hogar y que desea volver antes de que sus hijos comiencen el próximo ciclo escolar. La demanda busca que un juez federal revise la legalidad de la expulsión y ordene las medidas necesarias para su posible retorno.
Un caso que vuelve a poner el foco sobre DACA
DACA fue implementado en 2012 para permitir que ciertas personas que llegaron a Estados Unidos durante su infancia permanezcan temporalmente en el país y obtengan autorización de trabajo. El programa no concede un estatus migratorio permanente y exige, entre otros requisitos, mantener un historial penal que cumpla con las reglas aplicables.
Según una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en febrero al senador Richard J. Durbin, la administración de Donald Trump había deportado a 86 beneficiarios de DACA y arrestado a otros 241. Organizaciones defensoras de los llamados “dreamers” consideran que el caso de Treviño forma parte de un patrón más amplio, aunque esa interpretación corresponde a los grupos que han respaldado a la demandante.
El Departamento de Seguridad Nacional no había respondido públicamente a las solicitudes de comentarios consultadas para esta información. La demanda seguirá ahora su curso ante el tribunal federal, que deberá determinar si la deportación y la posterior intención de cancelar el permiso fueron legales.
