El Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas aclaró que la impugnación presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma de paridad municipal no cuestiona el derecho de las mujeres a participar, competir y gobernar, sino el método utilizado por el Congreso estatal para determinar los municipios con postulaciones exclusivas de mujeres rumbo a las elecciones de 2027.
La controversia se relaciona con el proceso de insaculación realizado el 27 de septiembre, mediante el cual se estableció que en 62 municipios de Chiapas los partidos, coaliciones y candidaturas comunes deberán postular mujeres para las presidencias municipales, mientras que otros 61 quedaron bajo una categoría de género libre. Oxchuc no fue incluido debido a que elige a sus autoridades mediante un sistema normativo indígena.
El PAN cuestiona quién realizó el procedimiento
La presidenta del PAN en Chiapas, Catalinas Caravantes Almaraz, afirmó que la acción promovida ante la SCJN está dirigida contra la integración de los bloques municipales y la insaculación, no contra la paridad de género. El argumento del partido es que el procedimiento fue realizado por el Congreso, considerado un órgano de conducción política, en lugar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, autoridad electoral especializada del estado.
De acuerdo con la dirigencia panista, la definición de reglas electorales debe realizarse con legalidad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. El partido pidió que el máximo tribunal determine si el mecanismo aprobado se ajusta a la Constitución.
La reforma establece bloques municipales para 2027
La reforma electoral aprobada en Chiapas contempla una distribución de municipios para garantizar que las mujeres encabecen candidaturas en una parte de las presidencias municipales. El sorteo incluyó bloques definidos según el tamaño de la lista nominal y dejó fuera a Oxchuc por su régimen de usos y costumbres.
Entre los municipios asignados al bloque de mujeres se encuentran Tapachula, Comitán de Domínguez y Las Margaritas. Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas quedaron dentro de la categoría de género libre, según los resultados difundidos del procedimiento.
Debate entre autoridades y organizaciones
La discusión generó posiciones encontradas. Mientras sectores políticos y organizaciones han considerado que la medida puede ampliar la presencia de mujeres en los gobiernos municipales, el PAN sostiene que el mecanismo debe ser revisado para garantizar certeza jurídica y evitar que una decisión electoral quede en manos de un órgano político.
Elva Narcía, fundadora de la Red por la Paridad Efectiva, también cuestionó la convocatoria del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a una movilización de mujeres hacia la Ciudad de México para defender la reforma. La activista señaló que la defensa de los derechos políticos de las mujeres debe partir de su propia organización y trayectoria.
El caso permanece vinculado al análisis de la SCJN, que deberá revisar los argumentos de la impugnación y definir si el procedimiento utilizado para distribuir los municipios cumple con las normas constitucionales y electorales aplicables.
